Xabier Villaverde, vitoriano, coordinador del FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), residente en Quito y que fue parte del grupo misionero vasco, en Ecuador, nos envía una segunda crónica detallada «de los hechos del paro/ levantamiento hasta la actualidad» (28/06/2022) y destaca que la situación es «crítica».
«Como estaba anunciado, el día 13 se dio inicio al paro, se cerraron las vías hacia Quito desde las provincias del norte Imbabura y Carchi y desde el sur en Cotopaxi. Sin embargo, en Quito el paro no se sintió. Este levantamiento es promovido por las tres principales organizaciones indígenas del país: la CONAIE, la FEINE (Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos) y FENOCIN (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador). El liderazgo más visible es el de la CONAIE.
Es importante señalar que en todo el proceso el gobierno siempre ha contado con el apoyo irrestricto de los medios de comunicación masivos, prensa escrita y televisión. Las redes sociales y los medios alternativos son los que han permitido recibir las noticias de parte de los manifestantes.
En la madrugada del día 14 se detiene de forma ilegal a Leonidas Iza acusado de terrorismo. Este error estratégico del gobierno hizo que el paro se radicalizara, los indígenas se tomaron la ciudad de Latacunga (capital de Cotopaxi, la provincia de Iza). Durante horas se desconoció el paradero de Iza que, primero fue llevado a Quito y, luego, trasladado al destacamento militar cercano a Latacunga. A las 12 de la noche se le concedió el habeas corpus y salió en libertad.
El daño ya estaba hecho y las protestas se radicalizaron los días siguientes en las provincias de la región Andina con fuerte presencia indígena: Chimborazo, Tungurahua, Imbabura y Bolívar; también en la Amazonía, especialmente en las provincias petroleras de Orellana y Sucumbíos, cerraron las vías y paralizaron diversos pozos petroleros.
A partir del 16 de junio la marcha se dirige hacia Quito. El 18 de junio el presidente expide el decreto ejecutivo 455 que dispuso el estado de excepción para las provincias de Imbabura, Pichicha y Cotopaxi. Cerró la Casa de las Culturas Ecuatorianas y el Parque de El Arbolito, lugares donde tradicionalmente se suelen reunir los manifestantes indígenas. En cadena Nacional el presidente hizo algunos ofrecimientos, que fueron considerados insuficientes por las organizaciones, a la vez que se amenazaba con el “uso progresivo de la fuerza”, lo que suponía una clara amenaza. Las universidades Salesiana, Central y algunas casas comunales y locales de la iglesia católica acogieron a las personas de las comunidades, declarándose como centros de paz.
El 20 de junio se producen diversos abusos policiales y ocurren las muertes de 2 manifestantes que fueron despeñados por una quebrada por parte de la fuerza pública. La noche del 21 de junio en la ciudad amazónica de Puyo un indígena Kichwua fue asesinado por una bomba lacrimógena que le impactó en el ojo, por este hecho se desató una revuelta que quemó el cuartel de la policía, varios vehículos policiales y la sucursal del Banco de Guayaquil (el banco de Lasso) en la capital de Pastaza.
Desde el gobierno se ha manifestado repetidamente que este levantamiento está financiado por el narcotráfico internacional y señalando que las manifestaciones eran actos de terrorismo, ignorando las acusaciones de la CONAIE de que muchos de supuestos actos de violencia de parte de los manifestantes eran causados por infiltrados de las fuerzas del orden.
Poco a poco se fueron uniendo a la protesta estudiantes de la FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador), los sindicatos, comités barriales de Quito y otros actores de la sociedad civil. El gobierno contraatacó promoviendo marchas a favor de la paz y el trabajo con participación de sectores de la clase media alta, los denominados “quiteños de bien”, quienes también expresaban consignas racistas en contra de los indígenas.
La Asamblea se propuso derogar el decreto de estado de excepción, pero el gobierno se anticipó revocando el decreto anterior y estableciendo otro, el 459, que abarcaba a 6 provincias, incluyendo también a las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.
La represión se fue agravando y los enfrentamientos aumentaron los hechos de violencia. Poco a poco las demandas de los manifestantes se fueron convirtiendo en un clamor que pedía la destitución de Lasso.
La madrugada del 23 de junio un convoy que transportaba alimentos con protección militar fue asaltado en la vía de Calacalí (al noroccidente de Quito) por un grupo de manifestantes que dejaron 17 militares heridos, quemaron 3 camiones militares, algunos trailers y otros vehículos.
El mismo día 23 el gobierno permitió la entrada de los indígenas a la Casa de las Culturas (CEE) y al parque del arbolito. En asamblea celebrada en el Ágora de la CEE las organizaciones indígenas resolvieron no dejar las movilizaciones hasta lograr una respuesta clara a los 10 puntos plateados. Al terminar dicha asamblea la represión policial y militar se agravó y los enfrentamientos causaron al menos 2 muertos por heridas de perdigones. Las llamadas al diálogo por parte del gobierno incluían amenazas de agravar la represión.
La represión continuó el día 24 de junio y desde el partido de UNES (Unión por la Esperanza, el partido de Correa) se presentó la solicitud de destitución aplicando el art. 130 numeral 2 “por grave conmoción interna”, iniciándose así el proceso de muerte cruzada por parte de la Asamblea.
El día 25, sábado y 26 domingo se dio una tregua, para que las familias pudieran adquirir alimentos, ya que por las paralizaciones de las vías escaseaban los productos de primera necesidad y los combustibles. El mismo día 25 por iniciativa del presidente de la Asamblea se realizó una reunión en la Basílica del Voto Nacional para analizar la posibilidad de iniciar un diálogo entre las organizaciones y el gobierno. Ese mismo día 25, Lasso derogó el estado de excepción a través del decreto 461. El día 26 el presidente dijo que se iban a atender las demandas de los indígenas, que se iba a declarar en emergencia a la salud pública y que se iban a bajar los precios de los combustibles en 10 centavos; lamentablemente estas promesas iban seguidas por las amenazas del uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden.
El lunes 27 muchas de las vías principales de Quito fueron cerradas, algunos gremios del transporte se unieron a la protesta. A las 2 de la tarde se dio en el Colegio Matovelle de la Basílica del Voto la primera reunión de diálogo y negociación. Frente a los planteamientos de las organizaciones indígenas se presentaron de parte del gobierno algunas contrapropuestas que se consideraron insuficientes, sin embargo, se acordó continuar el diálogo al día siguiente. Esto hizo abrigar esperanzas de una posible y pronta solución.
Lamentablemente la madrugada del día 28 se produjo un nuevo hecho de violencia. Un convoy de tanqueros de gasolina que salió de la refinería Sushufindi (provincia de Sucumbíos) y que era escoltado por policías y militares, se dirigía hacia un puerto en el río Napo, pero fue detenido entre las comunidades de Providencia y 18 de Noviembre por algunos grupos de manifestantes. Esta gasolina iba destinada para apoyar el funcionamiento de los bloques petroleros 31 y 43, en el Parque Nacional Yasuní. Las fuerzas armadas trataron de deshacer el bloqueo, lanzando una andanada de gases lacrimógenos; esto desató la violencia. Como resultado murió un sargento del ejército y fueron heridos 7 militares y 5 policías. De parte de los manifestantes hubo al menos 10 heridos, algunos de ellos de gravedad. Estas comunidades están compuestas por colonos y algunos indígenas shuar.
A la mañana siguiente, cuando los delegados de las organizaciones indígenas esperaban que se presentaran los representantes del gobierno para reanudar el proceso de diálogo, el presidente en cadena nacional dijo que se retiraba unilateralmente del diálogo y, lo que es más grave, que desconocía a los representantes del movimiento indígena.
Este día se produjo en la Asamblea el debate y votación para la destitución de Guillermo Lasso con el sistema ya descrito de la muerte cruzada. La votación final fue la siguiente: 80 votos a favor de la destitución, 42 en contra y el resto abstenciones, con lo que no se logró la destitución, ya que se necesitaban 92 votos a favor.
La tarde y noche están marcadas por situaciones de extrema violencia. Aún queda por confirmar, pero se habla de varios muertos, entre ellos niños, en un barrio de Quito, San Miguel del Común (ubicado en la vía Panamericana y parroquia de Calderón) que se encuentra bajo ataque policial con balas.
Todavía es pronto para extraer conclusiones de todo este proceso y de realizar un análisis más profundo, pero seguiremos llevando una crónica de los eventos que sucedan».
Xabier Villaverde
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